Es curioso, como apuntan economistas de la talla de Krugman o más en nuestro terruño Vicenç Navarro, como el debate político actual desvía la atención del verdadero problema que nos aqueja, el desempleo a consecuencia de la baja actividad productiva, hacia lo que se puede considerar una consecuencia de ello, como es el endeudamiento de los Estados. No quiero quitarle importancia a los efectos negativos que el exceso de deuda y su alto coste de financiación tienen sobre la capacidad de crecimiento de las economías, pero me preocupa comprobar como se intenta de reducirla con medidas que a todas luces van a perpetuar el estancamiento y a obstaculizar el crecimiento económico, como por ejemplo, la futura reforma de la Constitución Española para fijar por ley un techo al gasto público.
La razón es muy simple: estamos inmersos en el conocido ciclo baja demanda/baja producción/nula creación de empleo, y la única forma de salir de él es estimulando la demanda interna para que las empresas produzcan más y por ende necesiten contratar mano de obra. Sin embargo, de los distintos componentes de la demanda solamente el sector exterior mantiene el tipo con una evolución muy positiva (ya traté este tema en otro post), si bien no es síntoma de que el tejido empresarial español haya adquirido de la noche a la mañana una vocación exportadora, sino que se trata de un reducido grupo de compañías muy competitivas que han desarrollado en las últimas décadas mercados en el exterior. No son representativas del conjunto. El resto de los componentes de la demanda se encuentra en dique seco, tanto el consumo privado como la inversión productiva, así que solamente nos queda el gasto público como herramienta para dotar de poder adquisitivo al ciudadano, tanto a través de inversiones directas en infraestructuras y servicios como por medio de transferencias a las familias.
Como he dicho antes, no quiero minimizar el problema de la deuda ni el riesgo que supone una caída de la credibilidad de España en los mercados financieros internacionales (aunque habría mucho que escribir sobre por qué el bienestar de tantos millones de personas está en manos de agencias privadas de dudosa ética y transparencia). Lo que digo es que el Estado es el único que puede gastar en el momento actual y que no sólo no hay que reducir el gasto público sino aumentarlo. Evidentemente, ese gasto debe ser financiado de alguna forma y el endeudamiento no es el camino adecuado. Por lo tanto, nos quedan los impuestos como única fuente de ingresos. El Estado debe aumentar la presión fiscal y la progresividad del sistema tributario (de forma que en proporción paguen más los que más tienen) para financiar un gasto público que resulta crucial para salir de la crisis.
Cuando una mentira se repite una y otra vez se la acaba creyendo todo el mundo. Es el caso de afirmaciones del tipo “ya pagamos muchos impuestos” o “el Estado es demasiado grande y tiene demasiada presencia en la economía”. No es verdad. A modo de ejemplo y de acuerdo con Eurostat (datos de 2009), el porcentaje de ingresos estatales por impuestos y contribuciones sociales sobre el PNB es inferior en el caso de España que la media de UE-27, que es el 39,6% frente al 31,3% patrio. En este sentido, estamos por detrás de países como Dinamarca (49%) o Suecia (47,4%), pero también de otras naciones menos “sociales” como Reino Unido (36, 7%) o más periféricas, como Portugal (33,9%). Luego la proporción de impuestos recaudados en España es notablemente inferior a la de la mayoría de los vecinos. Por otro lado, tomando el indicador impuestos sobre el trabajador medio (OCDE 2008), expresado como un porcentaje sobre coste laboral, podemos comprobar que la cifra para España es del 37,8%, muy por debajo de Suecia (44, 6%), Francia (49,3%) o incluso Italia (46,5%), por no hablar de nuestra idolatrada Alemania, cuyos trabajadores soportan un 52%. Siguiendo con información de la OCDE, los impuestos sobre la renta y los beneficios suponen un 10% del PNB español, mientras que en países muy liberales como EE.UU. y Reino Unido esta cifra es del 12% y el 14%, respectivamente. Si nos vamos a Escandinavia puede alcanzar el 29,3% de Dinamarca. Por lo tanto no experimentamos una presión fiscal excesiva, por lo menos en términos relativos.
Si nos vamos al otro lado de la tapia y examinamos el gasto estatal en protección social (Eurostat 2008), medido en euros por habitante, podemos apreciar que en comparación el Estado español no tiene una presencia en la economía y una cobertura social tan inmensa como algunos (ya sabemos quienes) nos quieren hacer creer. Nuestro modesto gasto en cobertura social de 5.424 euros por habitante no alcanza la media de la UE-27 (6.603) y queda francamente atrás de vecinos como Alemania (8.388), Bélgica (9.112) o Francia (9.338). De los del norte de Europa ni hablamos. Tenemos pues un Estado del Bienestar de segunda división, lo que justifica el aumentarlo, máxime en esta situación, no reducirlo mediante recortes y privatizaciones.
En conclusión, veo una insensatez ponerle techo al gasto público en un momento en que hay que aumentarlo, y veo que existe margen suficiente para aumentar la tributación sobre la renta y el beneficio (en este momento sobre el consumo no), especialmente aumentando la progresividad del sistema para que pague más el que más tenga (en el diario de ayer aparecía la noticia de que los ricos de Francia han propuesto pagar más impuestos).
Mi opinión: no hagamos que los que ya pagamos paguemos más, luchemos para que paguemos todos (si en este país con 5MM de parados no hubiera una economía sumergida tan grande estaríamos a tiros). Y que se aumente los beneficios sociales, sí, pero evitando caer en la trampa demagógica del beneficio universal y que aquellos que "pasaban por aquí" se beneficien de lo que debería ser para los que "estamos aquí". Y, por supuesto, fomentando el esfuerzo como motor para conseguir aquello que necesitemos, asumiendo responsabilidades para obtener derechos y no al revés.
ResponderEliminarToni
Buenas Toni:
ResponderEliminarsí efectivamente habría que empezar por luchar contra el fraude fiscal y que paguen todos de una vez. Y por supuesto, hablo de aumentar el gasto pero de forma eficiente y productiva: ni gastar en tonterías o en cosas de imagen, ni malgastar el erario público por una mala gestión. La cultura del compromiso también habría que fomentarla, tanto para concienciar sobre no defraudar a Hacienda, como para realizar un uso sensato de los servicios públicos.
Gracias por el comentario.