Un mundo sin contacto

Touchless sensing, o detección sin tocar, es una forma avanzada de comunicación entre humanos y máquinas que, como su propio nombre indica, implica la ausencia de contacto físico. Es algo bastante extendido ya; un ejemplo de esta tecnología es el reconocimiento de voz, algo que está presente en nuestros teléfonos móviles y en otros dispositivos que usamos de forma cotidiana. Se trata de la solución más adecuada para garantizar que, ante una enfermedad contagiosa como la que ha sufrido la población mundial, reducimos lo más posible el tocar y manipular objetos, y con ello, las posibilidades de contagio.

Lo que la COVID-19 ha dejado claro es que una parte importante de la población se muestra proclive a recibir servicios que no requieren contacto físico, o, dicho de otra manera, prefieren usar tecnologías contactless. En abril del año pasado Capgemini publicó los resultados de una encuesta realizada a más de 4 800 consumidores de 12 países, orientada a descubrir cómo la pandemia ha condicionado la actitud presente y futura del público hacia la necesidad de realizar interacciones en su vida diaria que requieran el contacto.

La principal conclusión de este trabajo es que durante la pandemia el 77% de los encuestados globalmente manifestaron que incrementarían el número de interacciones sin contacto a través de asistentes de voz, tecnologías de reconocimiento facial o apps. Pero no se trata de un hecho aislado que pase cuando la enfermedad sea totalmente controlada, puesto que el 62% de la población espera aumentar sus relaciones contactless con el entorno después de la erradicación de la COVID-19. En el análisis por países, España presenta unos porcentajes del 71% y el 60%, respectivamente.

Uno de los tipos de interfaces sin contacto más populares son aquello basados en la voz. Los sistemas inteligentes con los que interactuamos a través del habla natural están entre nosotros de forma muy extendida. Nuestros móviles, tabletas y ordenadores incorporan los asistentes de voz, como son Siri de Apple, Bixby de Samsung o Cortana de Microsoft. De acuerdo con el más reciente informe de uso digital que realiza periódicamente Hootsuite, el 45% de los usuarios de internet del mundo utiliza regularmente la voz para comunicarse con sus dispositivos, cifra que en España es de más de un tercio de los mismos.

La voz está presente cada vez más en el entorno doméstico en la figura de los altavoces inteligentes, que de acuerdo con el Marco General de Medios 2020, ya están presentes en el 2,6% de los hogares españoles. Sin embargo, las tecnologías de reconocimiento del habla tienen también un gran potencial en los espacios públicos. Al igual que en los hogares inteligentes –y quizá con más razón- las zonas que compartimos con otras personas son firmes candidatos a albergar este tipo de sistemas. Pensemos en ascensores, en el encendido y apagado de luces, la apertura y el cierre de puertas, en los termostatos para regular la temperatura o en el uso de los servicios públicos, donde cualquier acción que deseemos pueda llevarse a cabo solo con pedirlo, sin necesidad de tocar nada.

Otro campo de aplicación de los interfaces de voz son los servicios financieros. De acuerdo con Business Insider, el 31% de los adultos de Estados Unidos llevarán a cabo pagos con la voz en 2022. De hecho, Siri de Amazon ya realiza transferencias con Venmo, el sistema de pago virtual de PayPal. Y, también, en restaurantes y comercios que normalmente hagan uso de pantallas táctiles, estas pueden ser sustituidas por asistentes de voz, garantizando de esta manera una mayor higiene.

La visión artificial es un campo de la inteligencia artificial que persigue crear programas capaces de reconocer el mundo que les rodea a través de imágenes y vídeos. Una de las aplicaciones de esta rama tecnológica es el reconocimiento facial, es decir, utilizar el rostro de las personas como elemento de autenticación biométrica. Se trata de una técnica que podría sustituir a la identificación a través de huella digital, pues a diferencia de esta no requiere contacto físico. Caixabank ya lanzó en 2019 un sistema para poder operar en cajeros electrónicos basado en el reconocimiento facial, y esta técnica también es utilizada para realizar pagos por parte de MasterCard: con solo hacerse un selfie, el usuario autoriza un pago.

Oportunidades de blockchain para la Administración Pública

La digitalización es un proceso que está llegando a todos los rincones de la economía y de la sociedad, y la Administración no es una excepción. Hablamos de gobierno digital para hacer alusión a estructuras administrativas intensivas en tecnología en un marco de prestación de servicios y de relaciones con el ciudadano basados en medios de comunicación digitales. La modernización de las administraciones es un proceso que lleva décadas en marcha, pero blockchain puede añadir una dimensión nueva, si cabe, mucho más innovadora.

Los sistemas descentralizados de información almacenada en bloques pueden traer consigo ventajas evidentes para el funcionamiento del sector público, en concreto, al reducir el coste económico, el tiempo de ejecución y la complejidad de los intercambios de información, tanto dentro de la Administración, como entre esta y la sociedad. Por otra parte, la desintermediación que implica el uso de este tipo de tecnologías puede contribuir en la disminución de la carga burocrática, y actuar contra el poder discrecional que ostentan determinados cargos y la posibilidad de que ese poder les lleve a incurrir en prácticas de corrupción. Los contratos inteligentes o smart contracts son herramientas que funcionan sobre blockchain y que automatizan una acción contractual sin la necesidad de intervención humana, por ejemplo, efectuar un pago cuando se ha producido el hecho o circunstancia que ha generado el derecho a ello. 

Las cadenas de bloques fomentan la transparencia en la información pública y su auditabilidad, contribuyendo al objetivo de desarrollar un gobierno abierto. Por último, el uso de algoritmos para el mantenimiento de registros públicos le quita ese monopolio a los poderes públicos, y puede reforzar la confianza de ciudadanos y empresas en el sector público.

La Comisión Europea ha estudiado las posibilidades que ofrece blockchain para acelerar el proceso de digitalización de los entes administrativos de los Estados miembros, y destaca que las dos categorías de beneficios que ofrece esta tecnología estás relacionadas, por una parte, con la seguridad de la información –inmutabilidad y consistencia de los datos entre organizaciones-, y con la eficiencia en términos de eliminación de procesos y la rebaja de costes operativos.

No obstante, la Comisión subraya que no observa rasgos transformadores ni disruptivos en los efectos que pueden traer consigo la aplicación de cadenas de bloques en la Administración, dado que no implica la creación de nuevos modelos de negocio, la emergencia de una nueva generación de servicios o la desintermediación directa de ninguna institución pública responsable de la provisión de funciones gubernamentales. Por último, contempla como la principal barrera para la adopción de soluciones basadas en blockchain su posible incompatibilidad con determinadas infraestructuras legales y organizativas existentes.

La desintermediación absoluta que traen las cadenas de bloques pueden tener también un reverso negativo. El uso de blockchain implica sustituir la garantía que otorga la figura de un ente de gobierno o intermediación del sistema por la confianza absoluta en la inquebrantabilidad de la tecnología subyacente. Pero se trata de sistemas que no permiten corregir errores o malas acciones realizadas, por ejemplo, por obra de un hacker. Esto resulta especialmente crítico en el caso de aplicar esta tecnología en el sector público. Es por ello, que, a pesar de la descentralización, las blockchain de la Administración pública deberían incluir un principio de gobernanza. Paradójicamente, para que funcionen bien los procesos automatizados deben tener una supervisión humana. Las soluciones blockchain serán complementarias a los servicios online existentes, sin llegar a sustituirlos del todo.

no existen en la Administración española demasiados proyectos más o menos avanzados en el terreno de las cadenas de bloques. Sin duda, el caso más representativo es el del Gobierno de Aragón que utiliza tecnología blockchain para controlar el proceso de licitación de obras públicas a través de una plataforma electrónica que facilita el registro distribuido de ofertas y evaluación automatizada de las mismas en procedimientos de contratación pública electrónica. La Comunidad Autónoma ha sido pionera en España es este terreno, y fue galardonada por ello en el X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS). Por otro lado, a mediados de 2019 el Govern aprobó la l’Estratègia Blockchain de Catalunya, un ambicioso plan que tiene por objeto desplegar esta tecnología en distintos ámbitos de la Administración regional. Probablemente, a lo largo de la década que ahora comienza podamos contemplar cómo los distintos entes de gobierno de nuestro país poco a poco van incorporando modelos basados en blockchain dentro de su estructura de funcionamiento.

 

¿Ha llegado el fin del dinero en efectivo?

No son pocos los profetas que vaticinan la próxima llegada de una economía sin dinero en efectivo. El principal argumento que defiende el fin de los billetes y las monedas es que la tecnología digital hace más rápidos, más seguros y más controlables los pagos y las transacciones. Dentro de Europa, el paradigma es Suecia, el país que más rápido avanza hacia la digitalización completa de las relaciones económicas. Casi todos los suecos utilizan una app de teléfono móvil llamada Swish con la que efectúan los abonos, y se estima que el comercio minorista podría dejar de aceptar completamente efectivo en 2023. Una encuesta del Riksbank, el banco central de Suecia, arroja las cifras de que, mientras que en 2010 el 39% de los ciudadanos afirmaba haber pagado su compra más reciente en efectivo, en 2018 el porcentaje ya era tan solo del 13%. Por otro lado, el 40% reconocía no haber usado dinero físico en el último mes. China es otro de los países en vanguardia en este campo, pues cuenta con más de 1 000 millones de usuarios haciendo uso de los sistemas de pagos como WeChat Pay y de Alipay de Alibaba.

Sin embargo, el dinero digital también conlleva sus peligros e incertidumbres. Por una parte, en algunas sociedades puede convertir la brecha digital en una brecha socioeconómica. En la medida en que existan colectivos que hayan quedado atrás en la disposición o el acceso a la tecnología, no podrán adoptar con naturalidad el uso de medios de pago electrónicos, lo que supone un elemento de discriminación.

Paradójicamente, en determinados países emergentes la digitalización financiera se convierte en un factor de inclusión social. De acuerdo con los datos del Fondo Monetario Internacional, existen en el mundo más de 1 700 millones de personas que no tienen acceso a servicios bancarios, pero la penetración de suscriptores a los servicios de telefonía móvil supone casi la mitad de la población del África Subsahariana, el 64% en los países del Magreb y Oriente Medio, el 68% en el caso de Latinoamérica, y el 60% en la región de Asia y el Pacífico sin contar China. De esta forma, la creciente disposición de teléfonos móviles entre los ciudadanos de países en vías de desarrollo puede suponer una vía de inclusión financiera.

A pesar de que las grandes entidades financieras apuestan firmemente por la renovación vía tecnológica –Santander y BBVA están en el pelotón de cabeza en transformación digital en el mundo- la innovación plantea ciertas alarmas en el sector que es importante no perder de vista.

Dado que la tecnología dirige hacia un sector financiero más interconectado e interdependiente, puede llegar a favorecer la propagación de las perturbaciones de los mercados y hace más relevantes las ciberamenazas, por la mayor probabilidad de contagio. Además, en relación con las nuevas empresas fintech, la prestación de servicios financieros o tecnológicos a empresas y familias no siempre cuentan con unas estructuras de gobernanza y control, como las que rigen para los agentes tradicionales del sector, y puede derivar en costes reputacionales en temas relacionados con la privacidad y el acceso a los datos individuales, e incluso conllevar la financiación de actividades ilícitas.

Otro factor a tener en cuenta es que el incremento de la competencia, la mayor rapidez en las transacciones y el uso de algoritmos comunes podría aumentar la volatilidad del sistema financiero, incluidos los depósitos de los bancos. Por último, existe el peligro de que las entidades financieras acaben teniendo un elevado grado de dependencia de un reducido número de proveedores de servicios tecnológicos y de un reducido número de proveedores de información.