La pandemia ha transformado el mundo en que vivíamos. Numerosos sectores han visto anulada su actividad por el cierre de fronteras y los confinamientos, como es el caso del transporte de viajeros y del turismo; las cadenas globales de producción se han visto desmanteladas, y en la esfera local, todos los negocios están sufriendo el rigor de las medidas diseñadas para frenar la expansión del virus, mientras que las vidas de los ciudadanos han cambiado completamente. De hecho, las ciudades trastocaron de un día a otro su fisonomía convirtiéndose en escenarios desoladores al reducirse la circulación y el control de flujos de personas para promover el distanciamiento social, al cerrar o disminuir los aforos en espacios públicos, comercios y hostelería, y al minimizar la actividad del transporte público.
A medida que la COVID-19 se fue
expandiendo por el mundo, las grandes ciudades se convirtieron en epicentros
nacionales de la pandemia (Naciones Unidas calculó en julio de 2020 que
concentraban en torno al 90% de los casos), dado que su alta densidad de
población y gran movilidad de personas amplifican la difusión y la transmisión
de la enfermedad. Como destaca la Organización Mundial de la Salud, los
gobiernos regionales y locales son fundamentales de cara a hacerle frente y dar
una respuesta, puesto que tienen un contacto directo con las comunidades a las
que representan, y están en muy buena posición para ofrecer apoyo a la
población y ejercer el liderazgo necesario para dirigir las estrategias y
acciones a implementar.
Las urbes han sido especialmente
golpeadas por la COVID-19, tanto desde el punto de vista social, como desde del
económico. Dentro de este nuevo escenario, los núcleos urbanos deben
desarrollar la capacidad para poder predecir alertas antes de que se produzcan,
y para poder responder efectivamente ante las crisis, así como de desarrollar
la resiliencia que les permita seguir funcionando y prestando servicios al
ciudadano en medio de una emergencia global. En este marco, la rápida gestión
de la mayor parte posible de información relevante se convierte en una
herramienta imprescindible, y, por ello, resulta decisivo el papel que pueden
jugar las tecnologías digitales, como el internet de las cosas, el big
data y la inteligencia artificial. En suma, cobra una mayor relevancia,
si cabe, el concepto de inteligencia aplicada a los núcleos urbanos, que es lo
que se conoce como smart city.
Tradicionalmente, smart city
ha sido un tema de moda, algo innovador para vender en términos de comunicación
por parte de los poderes públicos locales. Sin embargo, la inteligencia poco a
poco va penetrando en el funcionamiento de las urbes, y cada vez existen más
ejemplos de programas y proyectos de colaboración entre el sector público y las
empresas privadas en este sentido. La COVID-19 ha traído cambios en este
planteamiento, y ha obligado a redefinir las plataformas digitales existentes
para la gestión urbana, trayendo consigo nuevas formas interactuar, compartir,
comprometer al ciudadano y tomar decisiones.
La paralización que han conocido
las ciudades de todo el mundo por culpa de la COVID-19 ofrece una serie de
enseñanzas que pueden ayudar a salir de la presente crisis y a enfrentar las
que surjan en el futuro. La OCDE ofrece en este sentido una serie de
consejos de política para construir mejores ciudades, que parten de principios
como la inclusividad, garantizando oportunidades para todos, la sostenibilidad
ecológica, que conlleve una transición a una economía limpia, y el impulso de
las smart cities, como una forma de poner la innovación al servicio del
ciudadano y reforzar su bienestar. En este último aspecto, la OCDE recomienda a
los poderes públicos:
- Garantizar la inclusividad y sostenibilidad
de la nueva tecnología aplicada al transporte público (por ejemplo,
las apps de transporte como servicio), de forma que no
excluyan a ningún colectivo, y que en paralelo preserven la privacidad de
los ciudadanos protegiendo sus datos personales.
- Regular adecuadamente las actividades
englobadas en la economía colaborativa y gig economy, protegiendo
los derechos de los trabajadores y el interés público.
- Seguir avanzando en la agenda de medición de
datos para asegurar el buen funcionamiento de las ciudades inteligentes y
su contribución al bienestar de los residentes.
- Potenciar la digitalización para poder
ofrecer servicios públicos locales más eficientes, sostenibles, inclusivos
y competitivos, como datos en tiempo real, sistemas de aparcamiento
inteligentes, contratos inteligentes, peajes electrónicos para los
atascos, etc.
- Promover infraestructuras para el apoyo de la
innovación en las ciudades.
