Oportunidades de blockchain para la Administración Pública

La digitalización es un proceso que está llegando a todos los rincones de la economía y de la sociedad, y la Administración no es una excepción. Hablamos de gobierno digital para hacer alusión a estructuras administrativas intensivas en tecnología en un marco de prestación de servicios y de relaciones con el ciudadano basados en medios de comunicación digitales. La modernización de las administraciones es un proceso que lleva décadas en marcha, pero blockchain puede añadir una dimensión nueva, si cabe, mucho más innovadora.

Los sistemas descentralizados de información almacenada en bloques pueden traer consigo ventajas evidentes para el funcionamiento del sector público, en concreto, al reducir el coste económico, el tiempo de ejecución y la complejidad de los intercambios de información, tanto dentro de la Administración, como entre esta y la sociedad. Por otra parte, la desintermediación que implica el uso de este tipo de tecnologías puede contribuir en la disminución de la carga burocrática, y actuar contra el poder discrecional que ostentan determinados cargos y la posibilidad de que ese poder les lleve a incurrir en prácticas de corrupción. Los contratos inteligentes o smart contracts son herramientas que funcionan sobre blockchain y que automatizan una acción contractual sin la necesidad de intervención humana, por ejemplo, efectuar un pago cuando se ha producido el hecho o circunstancia que ha generado el derecho a ello. 

Las cadenas de bloques fomentan la transparencia en la información pública y su auditabilidad, contribuyendo al objetivo de desarrollar un gobierno abierto. Por último, el uso de algoritmos para el mantenimiento de registros públicos le quita ese monopolio a los poderes públicos, y puede reforzar la confianza de ciudadanos y empresas en el sector público.

La Comisión Europea ha estudiado las posibilidades que ofrece blockchain para acelerar el proceso de digitalización de los entes administrativos de los Estados miembros, y destaca que las dos categorías de beneficios que ofrece esta tecnología estás relacionadas, por una parte, con la seguridad de la información –inmutabilidad y consistencia de los datos entre organizaciones-, y con la eficiencia en términos de eliminación de procesos y la rebaja de costes operativos.

No obstante, la Comisión subraya que no observa rasgos transformadores ni disruptivos en los efectos que pueden traer consigo la aplicación de cadenas de bloques en la Administración, dado que no implica la creación de nuevos modelos de negocio, la emergencia de una nueva generación de servicios o la desintermediación directa de ninguna institución pública responsable de la provisión de funciones gubernamentales. Por último, contempla como la principal barrera para la adopción de soluciones basadas en blockchain su posible incompatibilidad con determinadas infraestructuras legales y organizativas existentes.

La desintermediación absoluta que traen las cadenas de bloques pueden tener también un reverso negativo. El uso de blockchain implica sustituir la garantía que otorga la figura de un ente de gobierno o intermediación del sistema por la confianza absoluta en la inquebrantabilidad de la tecnología subyacente. Pero se trata de sistemas que no permiten corregir errores o malas acciones realizadas, por ejemplo, por obra de un hacker. Esto resulta especialmente crítico en el caso de aplicar esta tecnología en el sector público. Es por ello, que, a pesar de la descentralización, las blockchain de la Administración pública deberían incluir un principio de gobernanza. Paradójicamente, para que funcionen bien los procesos automatizados deben tener una supervisión humana. Las soluciones blockchain serán complementarias a los servicios online existentes, sin llegar a sustituirlos del todo.

no existen en la Administración española demasiados proyectos más o menos avanzados en el terreno de las cadenas de bloques. Sin duda, el caso más representativo es el del Gobierno de Aragón que utiliza tecnología blockchain para controlar el proceso de licitación de obras públicas a través de una plataforma electrónica que facilita el registro distribuido de ofertas y evaluación automatizada de las mismas en procedimientos de contratación pública electrónica. La Comunidad Autónoma ha sido pionera en España es este terreno, y fue galardonada por ello en el X Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos (CNIS). Por otro lado, a mediados de 2019 el Govern aprobó la l’Estratègia Blockchain de Catalunya, un ambicioso plan que tiene por objeto desplegar esta tecnología en distintos ámbitos de la Administración regional. Probablemente, a lo largo de la década que ahora comienza podamos contemplar cómo los distintos entes de gobierno de nuestro país poco a poco van incorporando modelos basados en blockchain dentro de su estructura de funcionamiento.