Que la sociedad española ha
resultado digitalizada, especialmente a lo largo de la última década, es algo
que ya ha quedado patente. No obstante, los distintos indicadores y fuentes
estadísticas también reflejan que existe una parte de la población española que
se va quedando atrás, que, por distintos motivos y circunstancias, no es capaz
de aprovechar las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para
mejorar el bienestar.
No se trata de un problema de
acceso, pues nuestro país cuenta con una cobertura de banda ancha fija y móvil
de todo el territorio, y las comunicaciones ultrarrápidas a través de fibra
óptica van gradualmente llegando a todo tipo de localidades. De hecho, de
acuerdo con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), en 2021 el 95,9% de los hogares españoles dispone de conexión de banda
ancha. El origen de las brechas digitales está en la falta de capacidad o
experiencia en el uso de internet que presentan determinados colectivos
vulnerables, como pueden ser las personas mayores, los jóvenes de baja
cualificación o las personas económicamente desfavorecidas.
La Encuesta sobre
equipamiento y uso de tecnologías en los hogares que lleva a cabo
regularmente el INE señala que en 2021 el 6% de la población española entre 16
y 74 años no utiliza internet, lo que supone una cifra de más de dos millones
de personas. Una de las brechas digitales más evidentes es la relacionada con
la edad, puesto que el acceso de las personas mayores a las redes es
sensiblemente menor que el de los pertenecientes a franjas de edad más jóvenes.
Con todo, el uso del teléfono móvil está prácticamente generalizado, pero al
contemplar el uso de internet se aprecian las diferencias de edad más notables
a partir de la población de más de 55 años, y especialmente, de los 65 en
adelante -el INE cuantifica en 4 700 273 el colectivo de personas entre 65 y 74
años-, donde apenas un 70% de la población hace uso de internet, y tan solo la
mitad se conecta diariamente.
Una de las consecuencias más
graves de la falta de cultura tecnológica de la población mayor está
relacionada con la acelerada digitalización del sector bancario y la progresiva
desaparición tanto de sucursales de atención al público como de cajeros
automáticos, lo que puede poner en situación de riesgo de exclusión financiera
a este colectivo, al no poder acceder a los servicios bancarios más básicos.
Entre 2008 y 2021, en España el número de sucursales bancarias se ha reducido
de 45.707 oficinas a 21.612, en un proceso que sigue en marcha. De acuerdo con
los datos de la encuesta llevada a cabo por el INE, tan solo un 38,2% de la
población entre 65 y 74 años es capaz de realizar operaciones bancarias por internet.
Es evidente que la falta de
competencias básicas digitales es más acusada entre la población de mayor edad.
Entre los mayores de 65 años, algo más de la tercera parte sabe realizar alguna
de las tareas más elementales, como copiar o mover ficheros o descargar
aplicaciones, y menos de la quinta parte sabe cambiar la configuración de un
programa o de un dispositivo.
La edad condiciona el uso que
hacen las personas de la tecnología. De esta manera, mientras que en torno al
90% de los españoles de entre 16 y 44 años hacen un uso regular del correo
electrónico, tan solo el 44,9% de los mayores de 65 lo utilizan. La mensajería
instantánea, como por ejemplo WhatsApp, es la utilidad de internet más
utilizada por los mayores, un 67% hace un uso regular de ella. Por otro lado,
el 52,3% lee periódicos o revistas online frente al más del
80% de la población de entre 25 y 54 años. Finalmente, tan solo el 30% de los
mayores de 65 es capaz de concertar una cita médica vía internet.
La conclusión de este análisis es
que existe una gran cantidad de la ciudadanía española susceptible de quedar
fuera del proceso de transformación digital, y, en consecuencia, de sufrir
exclusión social al no poder realizar las actividades más básicas a través de
medios tecnológicos, cosas como realizar operaciones bancarias o solicitar la
consulta con un médico. Urge, por tanto, acompañar las políticas de
digitalización con medidas tendentes a alfabetizar digitalmente a los
colectivos que se muestran más vulnerables en este sentido.
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